TRIBUNALES LOCALES SIGUEN EMITIENDO
RESOLUCIONES EN CONTRA DE LOS TEPICENSES
El pasado 9 de septiembre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo de ejecución y embargo, sin otorgarle al Ayuntamiento de Tepic la oportunidad de inconformarse con la planilla de liquidación e incluso, lo que provocó que de manera arbitraria y discrecional, se tomaran solo en cuenta las prestaciones de más de 60 demandantes, sin dar garantía de audiencia al municipio de Tepic.
Previamente se le
solicitó al Tribunal que antes de dar cumplimiento a esa amenaza de ejecución,
se realizara un traslado de la planilla de liquidación para estar en
condiciones de aceptarla o impugnarla, haciendo caso omiso de dicha solicitud y
procedió a embargar una cuenta bancaria del Ayuntamiento. Es oportuno señalar que previamente ya se
había interpuesto un Amparo Indirecto, mismo que fue concedido para que no se
dispusiera de la cuenta embargada y se dejaran las cosas como se encontraban,
es decir, sin hacer ningún movimiento bancario.
No obstante lo
anterior, el 25 de septiembre el presidente del Tribunal de Conciliación emitió
un nuevo acuerdo de ejecución y embargo, mismo que fue notificado hasta el 15
de octubre. Ante esa medida, el
Ayuntamiento promovió un Recurso de Revisión, sin embargo de manera arbitraría y
aun cuando todavía no se resolvía el referido recurso, el 22 de octubre bloqueó
la “Cuenta de Contingencias” (recursos federales) por $21´713,816.48 y brincándose
las etapas procesales,ordenó pagarle a los más de 60 demandantes afiliados al
SITEM (extrañamente esta acción no le llevó más de una hora con cincuenta
minutos. Bien dicen que la justicia es
“pronta” cuando así se le ordena).
Cabe destacar que a
la fechahay dos amparos promovidos por el ayuntamiento y estamos en espera de
su resolución, situación que también ignoró el Presidente del Tribunal de
Conciliación para embargar e incluso entregar los cheques a los beneficiarios.
Derivado de lo
anterior, es oportuno señalar primeramente que el Tribunal equivoca la
aplicación de la “supletoriedad”, pues la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sostenido que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o
vacíos legislativos. Por otro lado, habría que destacar que la Ley de
Coordinación Fiscal en su Artículo 9, estipula: “Las participaciones que
correspondan a las entidades y municipios SON INEMBARGABLES; no pueden afectarse
a fines específicos, ni estar sujetas a retención”.
Con base en todos estos
antecedentes, es por demás evidente que la resolución emitida por el Presidente
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, César Miguel Fragoso Amezcua, además
de arbitraria fue alevosa, fue premeditada y por todo lo que hemos vivido
durante poco más de un año, HOY PODEMOS AFIRMAR QUE ES EN CUMPLIMIENTO A UN
MANDATO SUPERIOR.
Al respecto,habría
que destacar lo que establece el Artículo 127 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores, el cual señala que “el Tribunal de Conciliación yArbitraje deberá
ser colegiado y lo integrarán: dos representantes que nombrará el Titular del
Poder Ejecutivo; dos representantes
de los trabajadores, designando uno el Comité Ejecutivo de laSección
Magisterial del Estado y otro el Comité Ejecutivo del Sindicato Únicode Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios eInstituciones
descentralizadas de Carácter Estatal Y UN ÁRBITRO QUE NOMBREN
ENTRE SÍ LOS REPRESENTANTES CITADOS. ESTE ÚLTIMO FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE”.
ENTRE SÍ LOS REPRESENTANTES CITADOS. ESTE ÚLTIMO FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE”.
Lamentablemente en el
caso de Fragoso Amezcua, su designación como “arbitro” del Tribunal de
Conciliación la hizo el gobernador Roberto Sandoval, a él le debe su empleo y a
él se debe “política e institucionalmente”, lo que sin duda influyeen muchas de
sus resoluciones, como ha venido sucediendo en otras instancias locales
encargadas “de impartir justicia”.
Al llegar al gobierno
municipal de la Capital del Cambio sabíamos que no sería fácil sortear las
dificultades que afrontaríamos. En ese
contexto, seguiremos luchando a través de las instancias legales, para defender
lo que en justicia y conforme a derecho nos corresponde a los tepicenses,
velando siempre por el bien común.
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