LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
La semana pasada fue aprobada por la
Cámara de Diputados federal con 248 votos a favor, 115 en contra y 48
abstenciones, la polémica Ley de Seguridad Interior, iniciativa priísta que ha
confrontado incluso algunas posiciones entre los grupos al interior de los partidos
políticos.
Dicha Ley pretende regular la
actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, en aquellos
casos en que a juicio del titular del Poder Ejecutivo Federal o a petición
incluso de las autoridades estatales, amerite su intervención en cualquiera de
las entidades del país cuando se adviertan amenazas a la seguridad interior.
Adicionalmente esta iniciativa ha sido
duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, al referir que
la eventual militarización del país propicia las condiciones para la violación
de los derechos humanos.
En ese sentido, resulta difícil
encontrar el punto medio entre las facultades que puede tener cualquier
autoridad para tomar decisiones de esa naturaleza y por otro lado, evitar los
excesos de poder que atenten contra la tranquilidad y paz social de los
mexicanos.
Y es que como dice el dicho, “la burra
no era arisca, la hicieron”. Sin duda hoy
las fuerzas armadas de México gozan de amplio reconocimiento por su
profesionalismo y alto compromiso con la sociedad, aunque existen algunas
posiciones más radicales que guardan en su memoria aquellos tiempos de
intervención militar que violentaron el estado de derecho.
Eventualmente existen algunos casos
como el de nuestro pasado reciente en Nayarit, en donde si bien no se trata de
un tema de intervención militar, sí se vieron violentados los derechos humanos
de los nayaritas, producto de los excesos del gobernante en turno.
Esas son quizás las razones que
pudieran explicar el por qué de algunas posturas tan arraigadas en contra de la
propuesta planteada por la iniciativa priísta.
Y es que lo mismo sucede con el tema del llamado “mando único policial”,
pues a fin de cuentas de lo que se trata es de concentrar todo el poder de las
fuerzas de seguridad pública en el criterio o decisión de un sólo responsable, con
los riesgos que ya hemos padecido.
El esquema que ha funcionado en
nuestro estado y que actualmente tiene vigencia en el marco de la estrategia
local “Nayarit Seguro”, tiene que ver con el llamado Grupo de Coordinación en
Seguridad Pública Estatal, en el que juegan un papel preponderante las fuerzas
armadas, aunque el mando de dicha coordinación lo mantienen las autoridades
locales.
En todo caso, la decisión en torno a
este tema, una vez llegado el momento de su votación a nivel local, tendrá que
recoger el sentir de los nayaritas para que dicha resolución cuente con el
respaldo ciudadano. ¡Así sea!.
Para
cualquier aclaración, comentario, duda, denuncia o reclamo sobre esta Columna
estoy a sus órdenes en:
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