miércoles, 6 de diciembre de 2017

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La semana pasada fue aprobada por la Cámara de Diputados federal con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la polémica Ley de Seguridad Interior, iniciativa priísta que ha confrontado incluso algunas posiciones entre los grupos al interior de los partidos políticos.

Dicha Ley pretende regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, en aquellos casos en que a juicio del titular del Poder Ejecutivo Federal o a petición incluso de las autoridades estatales, amerite su intervención en cualquiera de las entidades del país cuando se adviertan amenazas a la seguridad interior.

Adicionalmente esta iniciativa ha sido duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, al referir que la eventual militarización del país propicia las condiciones para la violación de los derechos humanos.

En ese sentido, resulta difícil encontrar el punto medio entre las facultades que puede tener cualquier autoridad para tomar decisiones de esa naturaleza y por otro lado, evitar los excesos de poder que atenten contra la tranquilidad y paz social de los mexicanos.

Y es que como dice el dicho, “la burra no era arisca, la hicieron”.  Sin duda hoy las fuerzas armadas de México gozan de amplio reconocimiento por su profesionalismo y alto compromiso con la sociedad, aunque existen algunas posiciones más radicales que guardan en su memoria aquellos tiempos de intervención militar que violentaron el estado de derecho.

Eventualmente existen algunos casos como el de nuestro pasado reciente en Nayarit, en donde si bien no se trata de un tema de intervención militar, sí se vieron violentados los derechos humanos de los nayaritas, producto de los excesos del gobernante en turno.

Esas son quizás las razones que pudieran explicar el por qué de algunas posturas tan arraigadas en contra de la propuesta planteada por la iniciativa priísta.  Y es que lo mismo sucede con el tema del llamado “mando único policial”, pues a fin de cuentas de lo que se trata es de concentrar todo el poder de las fuerzas de seguridad pública en el criterio o decisión de un sólo responsable, con los riesgos que ya hemos padecido.

El esquema que ha funcionado en nuestro estado y que actualmente tiene vigencia en el marco de la estrategia local “Nayarit Seguro”, tiene que ver con el llamado Grupo de Coordinación en Seguridad Pública Estatal, en el que juegan un papel preponderante las fuerzas armadas, aunque el mando de dicha coordinación lo mantienen las autoridades locales.

En todo caso, la decisión en torno a este tema, una vez llegado el momento de su votación a nivel local, tendrá que recoger el sentir de los nayaritas para que dicha resolución cuente con el respaldo ciudadano. ¡Así sea!.


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